Raymond Aron

Conviene entonces distinguir la disyuntiva socialismo-capitalismo y la disyuntiva sovietismo-sociedad tipo occidental, y plantear por separado la cuestión de las reformas que deben realizarse en las sociedades occidentales de expansión rápida (Estados Unidos), las sociedades de expansión lenta (Francia) y las diversas sociedades subdesarrolladas. Hacer entrar los regímenes chino, ruso, norcoreano y checo en la misma categoría de socialismo, o los regímenes francés, estadunidense, egipcio e indio en la misma categoría de capitalismo, es asegurarse de que no se comprenderá nada y se mezclará todo. La utilización de la teoría del crecimiento económico y de las fases del crecimiento por lo menos permite evitar el error que nosotros, reaccionarios, denunciamos desde hace diez años, y que Merleau-Ponty condena hoy: definir a la Unión Soviética por la empresa pública y a los Estados Unidos por la libre empresa.

Al criticar este error histórico, despejamos al mismo tiempo el error filosófico que consistía en dar un valor suprahistórico a la dialéctica marxista de la enajenación, confundida con la dialéctica capitalismo-socialismo. No es que no haya una verdad suprahistórica de la dialéctica de la enajenación. El hombre crea instituciones y se pierde en sus creaciones. La puesta en duda de las instituciones por parte del hombre, que se siente extraño a sí mismo en su propia existencia, es el resorte del movimiento histórico. El origen del doctrinarismo es la afirmación, implícita o explícita, de que la enajenación económica es el principio de todas las enajenaciones y la propiedad individual de los medios de producción el principio de todas las enajenaciones económicas. Una vez despejado este monismo, se impone una comparación razonable entre ventajas y desventajas económicas, sociales, políticas, de los distintos regímenes, en sí mismos y según las fases del crecimiento.

Los dos valores económicos a los que se hace referencia más comúnmente en nuestra época son, por una parte, el aumento del producto nacional y, por la otra, la distribución equitativa de los ingresos. No se puede asegurar que el afán por el crecimiento inspire las mismas medidas que el afán por la igualdad. No es seguro que las sociedades industriales sean capaces de la misma medida de igualación de los ingresos en las distintas fases de su desarrollo. Es posible que la ampliación del abanico de los salarios sea favorable a la productividad. Puede decirse, en líneas generales, que los dos objetivos -riqueza y justicia igualitaria- no son contradictorios, puesto que los hechos sugieren una reducción de las desigualdades con el aumento de la riqueza. Pero, cada instante, estas dos referencias pueden obligar no a una elección radical, sino a un compromiso equívoco.

Hay más. Los dos criterios que acabamos de indicar no son los únicos. La limitación de los poderes atribuidos a los gestores del trabajo colectivo parece concordar con una exigencia fundamental de orden político. Pero el rigor de la disciplina y la autoridad de los jefes pueden ser favorables a la productividad. Los rendimientos respectivos de la propiedad privada y de la propiedad colectiva, de la propiedad pública dictatorial y de la propiedad pública democratizada, revelan tal vez las contradicciones entre la eficacia y un ideal humano.

Esta manera de plantear los problemas resulta claramente de una doble crítica: crítica sociológica de un monismo causal según el cual un elemento (régimen de propiedad, procedimiento para el establecimiento del equilibrio) determinaría los rasgos principales de un régimen económico, y crítica filosófica del uso que hacen los existencialistas de la dialéctica de la enajenación, dialéctica que adquiere un valor concreto en la traducción sociológica que de ella ha dado Marx, pero que, a falta de esta traducción, permanece formal, aplicable a todos los regímenes.

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